Cientos de opositores al gobierno continuaban recluidos, entre ellos decenas de presos de conciencia. Algunos fueron encarcelados sin juicio, pero a la mayoría se les condenó en juicios que no reunían las garantías debidas. Al menos 17 personas fueron detenidas por motivos políticos; Amnistía Internacional consideró presos de conciencia a cinco de ellas. Las condiciones de reclusión de los presos de conciencia y de los demás presos políticos constituían un trato cruel, inhumano y degradante. Continuaron llegando informes de muchas regiones del país sobre la persistencia de violaciones de derechos humanos, en especial contra los miembros de minorías étnicas. Entre estas violaciones se pueden citar la detención arbitraria de civiles para emplearlos como porteadores o trabajadores en el ejército, la destrucción de viviendas, los malos tratos y posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Cinco personas fueron condenadas a muerte.
